domingo, 4 de octubre de 2009

EL USO ABUSIVO DE LAS ESCOLTAS

Este es un articulo escrito y publicado hace ya unos años atrás lo he sacudido el polvo después de leerlo, cual me pareció bastante interesante como para volver a retomar este tema tan silenciada... y aunque no se lo crean, hoy por hoy poco a cambiado desde entonces, y me temo que en el tiempo de crisis como la que parecemos todos, este es y sera unas de las temas que seguro que más de un ministro haya pasado por su mente... PROTECCION = MUCHO DINERO que podria desviarlo para otro fines...
En fin este articulo empieza así.


Interior destina 7.000 policías a proteger a personalidades Muchas no están justificadas, pero el Ministerio del Interior no se atreve a retirarlas para evitar polémicas. Los policías denuncian que se han convertido en un signo de distinción y poder. La Policía tiene destinados 7.000 agentes, un 14 por 100 de la plantilla del Cuerpo, en servicios de escolta a unas setecientas personas. Al margen de la obligada protección a las altas autoridades del Estado y del Gobierno, numerosas personalidades de la vida pública disfrutan de un servicio que los expertos policiales en protección y altos cargos de Interior consideran injustificado, y más un signo de "distinción y poder" que una necesidad sustentada en el riesgo real del protegido. El ministro José Antonio Alonso quiere acabar con esta situación, pero no sabe cómo ponerle el cascabel al gato por el temor al revuelo que se puede organizar. La ausencia de una normativa específica que defina qué personalidades deben tener escolta, de qué tipo y durante cuánto tiempo, genera situaciones irregulares y hace que en algunos casos la protección se prolongue durante años. Hasta ahora, el relevo en las tareas de Gobierno suponía la supresión discreta de la protección policial de todos los altos cargos del departamento saliente al mes de abandonar sus funciones. La única excepción a esta norma no escrita la representan el presidente y vicepresidente del Gobierno, los ministros de Interior y Justicia y altos cargos de ambos departamentos. En estos casos la protección policial se mantiene por tiempo indefinido. Son los casos, por ejemplo, de los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, que disponen de servicio de seguridad dieciséis y once años después, respectivamente, de haber dejado su cargo. También el que fuera director general de la Policía hasta julio de 1991, José María Rodríguez Colorado, condenado por malversación de caudales públicos del Ministerio, ha recuperado la protección oficial tras ser clasificado en tercer grado penitenciario, como su homólogo de la Guardia Civil, Luis Roldán. La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en los comicios de marzo de 2004 no ha ido acompañada de la paulatina supresión de las escoltas de los ex altos cargos del PP. Fuentes de la Unidad Central de Protección (UCP) de la Policía aseguran que salvo un ministro (cuya identidfad se reserva esta publicación para no perjudicar su seguridad), que ha renunciado voluntariamente a ella, el resto de ex ministros mantienen su servicio de seguridad, aunque más reducido que cuando ocupaban su cargo público. La excepción también a esta regla es el último ministro popular del Interior, Ángel Acabes, de quien fuentes del Gobierno aseguran que tiene más protección que el actual titular de la cartera, José Antonio Alonso. "Tener escolta se ha convertido en muchos casos en un signo externo de poder que algunos se resisten a perder", señala un agente destinado en servicios de protección, que asegura que "ya no se protege a las personas por el riesgo que corren, sino por la posición política que ocupan. Muchos servicios no están justificados y suponen un gasto enorme para la Administración". Las reticencias de los ex altos cargos a prescindir de su escolta ha obligado a duplicar el número de policías destinados a su seguridad, que ha pasado de uno a dos centenares. Un dirigente del PP que pide mantener el anonimato manifestó a "Tiempo" que el mantenimiento de las escoltas para los ex ministros "fue acordada por Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Arenas en el traspaso de poderes, como medidad de seguridad adicional tras los atentados del 11-M". La misma fuente señaló que "un protegido no se puede negar a que le quiten la escolta, esa es una decisión que le corresponde tomar al ministro del Interior", y aseguró que cuando el PP estaba en el poder ex altos cargos del PSOE se resistieron a perder su escolta. "El terrorismo le cuesta a este país una enorme cantidad de dinero", sentencia. Un miembro del equipo de José Antonio Alonso reconoció en privado que la situación es irregular, pero que el departamento no la va a corregir a corto plazo para evitar enfrentamientos con el PP, dado el nivel de crispación que viven las relaciones con el principal partido de la oposición en cuestiones de seguridad y lucha antiterrorista. "La primera norma cuando se retira una escolta es que el afectado no lo haga público para que su seguridad no se vea afectada -dice un alto cargo de Interior-. Si, por el contrario, proclama a los cuatro vientos que deja de tener protección, nos obligan a duplicar la que ya tenía para contrarrestar el riesgo generado". La citada fuente asegura que el departamento se ha limitado a mantener lo que ya había y que entre los proyectos del departamento no figura una Ley de Escoltas que regule este servicio, como reclaman los sindicatos de Policía. Amenaza global "Es imprescindible reducir el número de escoltas -dice José Manuel Sánchez Forner, presidente del Sindicato Unificado de Policía-. Los atentados indiscriminados del 11-M deberían llevar a los políticos y a las personas que tienen escolta a una reflexión ética y moral que les condujera a renunciar a la misma para ponerla al servicio de los ciudadanos. La amenaza terrorista nos afecta ya a todos". Los ex altos cargos suelen tener asignada la escolta mínima, consistente en un vehículo y cuatro agentes, que trabajan en turnos de dos. El siguiente escalón en el nivel de protección son dos coches y tres o cuatro funcionarios por turno, lo que eleva a seis u ocho el número de agentes adscritos a cada persona. La vigilancia estática en un domicilio requiere un número de cinco funcionarios, que trabajan a turnos de mañana, tarde y noche y libran los dos días siguientes. Si se asigna a dos policías por turno a esta tarea, el número de funcionarios necesarios se eleva hasta la decena. De esta forma, una personalidad puede llegar a disponer de dieciocho policías sólo para su protección. El paulatino incremento de los servicios de seguridad -la Unidad Central de Protección (UCP) fue creada hace 24 años- ha elevado a 7.000 el número de agentes destinados a esta labor. Seis mil quinientos están adscritos a la UCP y a los grupos de escolta de las distintas jefaturas superiores de Policía, y quinientos más pertenecen a otras unidades y han sido trasladados a Madrid y adscritos a labores de seguridad ante el aumento de protegidos. Estos policías permanecen en la capital durante dos meses antes de ser sustituidos por otros compañeros, con el consiguiente devengo de dietas. La cifra de adscritos era hasta hace unos meses mucho mayor y se ha reducido al haber destinado a estos servicios de seguridad a 210 agentes de las dos últimas promociones de policías, que juraron sus cargos en septiembre de 2004 y febrero de 2005. Exigencias Algunas personalidades reclaman, además, que les acompañen a sus nuevos destinos los escoltas que ya tenían con anterioridad, aunque eso suponga su traslado de ciudad y el consiguiente pago de dietas. Son los casos, entre otros, del ministro de Defensa, José Bono, que tiene en su equipo a dos policías de Toledo que formaban parte de su escolta cuando era presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se ha traído a Madrid a dos funcionarios que la protegían en Sevilla. También el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, tiene en su escolta a policías desplazados de Valencia para una tarea que podían desarrollar agentes destinados en la capital. En algunos casos, esta protección dinámica (la que acompaña a las autoridades en sus desplazamientos) se complementa con otra estática en sus domicilios. Este es el caso, por ejemplo, del ex ministro Álvarez-Cascos, que suele traer de cabeza a los agentes que custodian su vivienda, porque no suele avisarles cuando tiene intención de ausentarse durante días, lo que obliga a mantener un servicio sin utilidad alguna, según señalan fuentes policiales. Tras los políticos, la judicatura es otro colectivo que cuenta con una amplia seguridad, sobre todo a raiz del asesinato por ETA del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, en febrero de 1997. Sirva como ejemplo la Audiencia Nacional, que dispone de una comisaría especial para esta labor con trescientos agentes, los mismos destinados a escoltar a los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cien más cubren las espaldas a los jueces del Tribunal Constitucional. Iñaki Osés, presidente del Sindicato Profesional de Policía, sostiene que "existe una situación de abuso por parte de magistrados que nada más llegar a su destino piden escolta, y ésta se tiene que prestar en función del riesgo y no del cargo. El CGPJ tiene mucho personal adscrito y muchos coches blindados, y hay casos de jueces que han vendido su vehículo particular porque ya no les hace falta al disponer de uno público y con chófer". Un caso excepcional es el del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en excedencia por estudios en Nueva York, hasta donde le han acompañado cuatro escoltas. El Ministerio del Interior ha autorizado esta situación por el protagonismo del magistrado en la lucha contra ETA y su trama civil durante los últimos años, lo que le ha valido numerosas amenazas de la banda terrorista. Amenazas en las que se sustenta también la protección a cinco periodistas y dos catedráticos, por citar otros colectivos profesionales. El precio de todo este gran dispositivo de seguridad del Estado, al que hay que añadir el que prestan las policías autonómicas, algunas policías municipales y el contratado a empresas privadas, es enorme, aunque ninguna de las fuentes oficiales consultadas ha querido cuantificarlo. La justificación invariable es que se trata de "un tema muy delicado". La cuenta de la vieja permite al menos deducir que si el salario medio de un escolta ronda los 1.200 euros mensuales, y que el número de agentes puede oscilar entre cuatro y dieciocho por protegido, la factura se mueve entre los 4.800 y los 21.600 euros mensuales. Cantidades a las que hay que añadir los del parque móvil, desplazamientos, dietas y un amplio etcétera que permiten concluir que las escoltas "son un derroche".

Fuente: Tiempo de Hoy
Escrito por Carlos Fonseca
Fecha: 30/05/05